Defender a los connacioles ante medida migratoria de Donald Trump : Karina Barón
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| Dip. Karina Barón presenta propuesta para exhortar a la SRE defender connacionales ante medidas migratoras de E.U.A. |
Se presenta punto de acuerdo para defender a connacionales ante medida migratoria
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES A LLEVAR A CABO DIVERSAS
ACCIONES PARA DEFENDER A LOS CONNACIONALES ANTE LAS
ACCIONES EJECUTIVAS ANTIMIGRATORIAS EMITIDAS POR LA
ADMINISTRACIÓN DEL PRESIDENTE DONALD TRUMP EN ESTADOS
UNIDOS
La suscrita, diputada federal Natalia Karina Barón Ortiz, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura de la
Cámara de Diputados, del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 79, fracción II, y numeral 2, fracción III, y demás aplicables del
Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del Pleno de esta asamblea
la siguiente proposición con punto de acuerdo de conformidad con las siguientes
Consideraciones
Con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, las medidas anti-
migratorias adoptadas por su administración se han profundizado de manera muy
preocupante. A través de la emisión de distintas “órdenes ejecutivas” y “memorandos”, la
nueva administración federal avanza en sus planes para expulsar a miles de
indocumentados de su país.
El pasado miércoles 25 de enero, el presidente Trump firmó dos órdenes ejecutivas –la
primera sobre el control fronterizo; la segunda, relativa a la seguridad interna-, las cuales
sin duda auguran tiempos oscuros para los migrantes en Estados Unidos, principalmente
para los de origen mexicano, quienes ocupan el primer lugar en cuantía.
Entre otros aspectos, las medidas ordenan una “cacería” de inmigrantes indocumentados,
fomentan las campañas de odio contra éstos e instruyen el arranque de las deportaciones
masivas.
Las disposiciones contenidas en dichos ordenamientos legales convierten a los policías en
agentes con facultades similares a las de la Oficina de Operaciones de Detención y
Deportación (DRO, por sus siglas en inglés), del Servicio de Inmigración y Control de
Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), por lo que en los hechos, cualquier policía tendrá
entonces la facultad de investigar, identificar y detener a los indocumentados.
Con el pretexto de la “transparencia”, ambas órdenes ejecutivas plantean una serie de
medidas que articulan una agresiva estrategia mediática que busca asociar la migración con
la criminalidad, fomentando el odio y el miedo hacia los indocumentados, y que en los
hechos debilita el discurso de las organizaciones que defienden los derechos de los
migrantes.
La orden ejecutiva sobre seguridad interna estipula que las personas que ingresaron a
Estados Unidos de manera ilegal o que permanecieron en su territorio después del
vencimiento de su visa “representan una amenaza significativa para la seguridad nacional y
para el orden público”.
Otra de las medidas que se incluyen es el anuncio del reclutamiento de 10 mil agentes
adicionales en la Oficina de Operaciones de Detención y Deportación.
La orden ejecutiva establece las “prioridades” en materia de deportación de migrantes.
Emplea fraseos ambiguos, que amplían la definición de “delincuentes” o “criminales” a
personas que no fueron sentenciadas. De hecho, el presidente Donald Trump se ha referido
a los “migrantes criminales” –un término inexistente en la Ley de Migración y
Nacionalidad- y ha aseverado que se aplicará una política de cero tolerancia contra ellos.
Además de las personas condenadas, la prioridad abarcará a los “acusados” de un delito, a
quienes “cometieron actos que constituyen un delito acusable” –es decir, una persona que, a
consideración de una autoridad, violó una ley-, a los que mintieron ante una institución o a
quien “abusó de cualquier programa relativo a la recepción de beneficios públicos”.
El presidente estadounidense ordenó también al Departamento de Seguridad Interna (DHS,
por sus siglas en inglés) reclutar 5 mil agentes adicionales en la Patrulla Fronteriza y
desplegarlos en su frontera sur. Trump acompañó su instrucción con la orden de construir
“inmediatamente” centros de detención de migrantes en la zona fronteriza –sin precisar
cuántos- para “repatriar a los migrantes ilegales de manera rápida, constante y humana”
incluyendo a los niños.
Adicionalmente, el pasado 21 de febrero, el secretario del Departamento de Seguridad
Interna, John Kelly, emitió dos memorándum que otorgan instrucciones más precisas para
implementar las órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Trump sobre seguridad
fronteriza y aplicación de las leyes de inmigración, y a las cuales hicimos referencia arriba.
Con estas nuevas disposiciones, cualquier persona en Estados Unidos, sea ciudadano,
residente legal permanente, turista, persona sin documentos, entre otros, puede ser detenido
y cuestionado sobre su estado migratorio solo bajo la presunción de encontrarse en dicho
país en violación a la Ley de Inmigración y Nacionalidad. En otras palabras, las órdenes
ejecutivas legalizan el uso del perfil racial.
Adicionalmente, uno de los memorandos establece que todo extranjero indocumentado que
haya entrado a través de un país vecino será expulsado a éste en espera de que se defina su
proceso de deportación.
El memorándum restaura el controversial Programa Comunidades Seguras, que permite la
colaboración de policías federales, estatales y locales para identificar en una base de datos
biométricos a indocumentados que cometieron delitos y entregarlos a las autoridades
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migratorias. El programa fue cancelado en 2014 tras documentarse que afectó a miles de
personas que no tenían en su haber delitos graves.
Además, el memorándum criminaliza a los padres de menores centroamericanos que cruzan
la frontera y los considera sujetos inmediatos de deportación por el delito de tráfico de
personas.
Las nuevas medidas promueven la inmediata deportación de personas que hayan sido
convictas o acusadas de algún delito, sin importar de qué tipo. Incluyen también a quienes
haya abusado de algún programa de beneficios públicos o que no hayan cumplido con las
órdenes de abandonar el país.
A diferencia del gobierno de Barack Obama, que deportó a millones de personas con el
pretexto de ir tras delincuentes convictos, el gobierno de Trump ha demostrado en los
hechos que no solo irá por ese grupo, sino también contra aquellos con visas expiradas,
reingreso o delitos menores.
Así, las redadas de inmigrantes indocumentados, las detenciones indiscriminadas y las
deportaciones se han desatado ya en Estados Unidos.
Las nuevas disposiciones legales arriba referidas generan un clima de ansiedad e
incertidumbre entre la comunidad mexicana que habita en aquel país.
El gobierno de Trump está cambiando en los hechos la definición de crimen: ahora se
incluyen como criminales a los inmigrantes que llegaron a Estados Unidos con visa de
turista y que no abandonaron el país; a los que reingresaron ilegalmente; a los que tienen un
reporte de violencia doméstica, entre otros.
Mediante operaciones recientes en varios estados de la Unión Americana se arrestó a más
de 600 migrantes indocumentados. Aunque se dijo de manera oficial que se trató de
“operativos rutinarios”, el efecto de miedo y zozobra se ha dejado sentir entre la población
inmigrante.
Ante el clima de terror que supone el inicio de deportaciones masivas de mexicanos por
parte del gobierno federal estadounidense, es urgente que el gobierno federal adopte una
posición más firme y digna para defender el interés nacional ante las embestidas de la
administración de Donald Trump.
Es preciso ir más allá de las declaraciones timoratas que han caracterizado el discurso
oficial en México. Se trata de hacer frente con razones a la criminalización de la migración
indocumentada, detener el clima de miedo y zozobra que se cierne sobre los connacionales,
y exigir un alto a las redadas y a la separación de familias de las y los mexicanos en
Estados Unidos.
El Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, debe
adoptar todas las medidas a su alcance para proteger a los connacionales de los efectos que
conllevan la aplicación de la orden ejecutiva en materia migratoria y de seguridad
fronteriza emitida por el presidente Donald Trump el pasado 25 de enero y los lineamientos
emitidos por el secretario John Kelly el pasado 20 de febrero.
Por lo anteriormente citado, pongo a consideración de esta asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente
al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, a cursar una nota
diplomática al gobierno federal de Estados Unidos para protestar por las órdenes ejecutivas
y memorandos emitidos en días pasados por el presidente Donald Trump y por el secretario
del Departamento de Seguridad Interna, John Kelly, que criminalizan la migración
indocumentada y autorizan las deportaciones masivas de migrantes indocumentados,
debido a que incumplen los principios elementales del derecho internacional, violan los
derechos humanos de las y los mexicanos residentes en aquella nación y constituyen
medidas inamistosas y hostiles en contra de la dignidad de México.
Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente
al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso para que, con
carácter de urgente, lleve a cabo las medidas administrativas necesarias para trasladar
personal del Servicio Exterior Mexicano con experiencia en el ámbito de la protección
consular hacia los consulados de México en Estados Unidos para que se incorporen a las
labores de asesoría legal de las y los mexicanos que se encuentren en riesgo de ser
deportados.
Tercero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al
titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, a utilizar parte de las
reasignaciones de recursos por 1 mil millones de pesos, anunciadas por el titular del
Ejecutivo Federal en semanas recientes, para destinarlas a la contratación de abogados y a
la celebración de convenios de colaboración con despachos de expertos en el sistema
jurídico estadounidense así como con organizaciones civiles y no gubernamentales, a fin de
ampliar al máximo la prestación de servicios legales a los mexicanos afectados por las
disposiciones migratorias incluidas en las órdenes ejecutivas y memorandos anti-
migratorios emitidos por el gobierno federal de Estados Unidos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 02 de marzo del 2017
Suscribe
Dip. Natalia Karina Barón Ortiz
